DIVORCIO

divorcioEl procedimiento de divorcio puede tramitarse de dos formas: de mutuo acuerdo, o por vía contenciosa en caso de no haber acuerdo entre las partes. Para que los cónyuges puedan divorciarse judicialmente de mutuo acuerdo, deben haber transcurrido al menos tres meses desde la celebración del matrimonio.

No será necesario esperar a que transcurra este plazo cuando se acredite que existe un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge que solicita el divorcio, de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio.

Junto con la demanda de divorcio, debe aportarse un convenio regulador, en el que los cónyuges deberán alcanzar un acuerdo sobre la guardia y custodia de los hijos, el régimen de visitas, las pensiones alimenticias y compensatoria, si procede, el uso de la vivienda familiar, etc.

No es necesario alegar causa alguna, simplemente manifestar la conformidad de ambos a poner fin a su convivencia matrimonial.
El procedimiento es sencillo y muy económico.

En el caso del procedimiento contencioso, y puesto que ello implica que las partes no son capaces de llegar a un acuerdo, junto con la demanda de divorcio no es necesario acompañar ningún convenio regulador, pues todo lo relativo a la guardia y custodia de los hijos, régimen de visitas, pensiones, uso de la vivienda familiar, etc., son acordados por el juez tras la valoración de las pruebas practicadas en el juicio.

Dependiendo de las circunstancias, es posible tramitar con carácter previo o simultáneo al procedimiento de divorcio, adopción de medidas provisionales relativas a la situación patrimonial entre los cónyuges y con respecto a los hijos, como la atribución de la patria potestad, de la guardia y custodia, el régimen de visitas y comunicaciones, pensión de alimentos, etc., mientras se desarrolla el procedimiento de divorcio y hasta su finalización.

En estos casos el procedimiento puede resultar largo, complicado y con un elevado coste tanto económico como psicológico para ambas partes. El juez y el Ministerio Fiscal, en su caso, velarán los intereses de los hijos menores. Puede solicitarse por uno de los cónyuges sin el consentimiento del otro, por lo que en este caso no se acompaña ningún convenio regulador, y no necesario alegar ninguna causa.

El divorcio disuelve el vínculo matrimonial por lo que se altera el estado civil de los que hasta ese momento eran cónyuges, y éstos pueden contraer matrimonio nuevamente. Esta ruptura del vínculo implica la pérdida de los derechos sucesorios entre los cónyuges, de la pensión de viudedad, así como de las obligaciones derivadas directamente del matrimonio: los deberes de ayuda y fidelidad, el compromiso de velar por el interés de la familia, la obligación de prestar alimentos, etc. Pero esta disolución del vínculo no afecta a las obligaciones de los cónyuges para con sus hijos.

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